La política energética española, basada durante años en la instalación masiva de energías renovables por ser la opción más barata según el Coste Nivelado de la Electricidad (LCOE), ha derivado en un sistema más frágil y difícil de operar, con un riesgo creciente de apagones y unos costes ocultos que terminan pagando los consumidores. Esta es la principal conclusión del informe “¿Vamos realmente hacia una electricidad más barata?”, elaborado por el Centro Peter Huber de la Universidad de las Hespérides.
El documento, cuyos autores son Daniel Fernández Méndez y Manuel Fernández Ordóñez, analiza cómo el uso del LCOE como criterio único ha ignorado los costes de integrar la energía solar y eólica —intermitentes y no gestionables— en la red. El estudio desvela que, lejos de abaratarla, la penetración renovable no ha logrado reducir el precio final de la electricidad para los hogares, que en España era a finales de 2024 un 72 % más caro que en 2007, pese a que la generación solar y eólica se había multiplicado.
