El Gobierno prepara el concurso para adjudicar 600 MW de capacidad de acceso en el nudo de Maciñeira 400 kV, en As Pontes (A Coruña), tras el cierre de la central térmica. El borrador de la orden ministerial que regulará la convocatoria establece que los proyectos competirán no solo por sus características técnicas, sino también por el impacto económico, laboral y ambiental que sean capaces de generar en la zona de transición justa.
La convocatoria permitirá adjudicar hasta 600 MW de capacidad de acceso para nuevas instalaciones de generación y almacenamiento, en un nudo declarado de transición justa en abril de 2026. Aunque Maciñeira dispone de 945 MW de capacidad de acceso para generación, la existencia de una única posición disponible para conectar nuevas instalaciones limita a 600 MW la capacidad que podrá asignarse mediante este concurso.
El procedimiento se resolverá mediante concurrencia competitiva, de manera que los promotores tendrán que presentar sus proyectos y competir en función de una puntuación. El orden resultante determinará la asignación de la capacidad disponible y deberá ser respetado posteriormente en la tramitación de los permisos de acceso y conexión.
La principal particularidad de la convocatoria será el peso que tendrán los compromisos adquiridos con el territorio. El borrador establece una puntuación máxima de 100 puntos, de los que 64 corresponden a criterios de impacto socioeconómico, 20 a las características de la tecnología de generación, seis al grado de madurez de las instalaciones y diez al impacto ambiental.
El empleo será uno de los elementos centrales de la valoración. Los promotores podrán obtener hasta 29 puntos por el número total de empleos comprometidos para la operación y mantenimiento de las instalaciones y para actuaciones adicionales de carácter socioeconómico y ambiental en la zona. A ello se sumarán hasta tres puntos por los puestos reservados a trabajadores excedentes de la central térmica de As Pontes y de sus empresas auxiliares que estén inscritos en la bolsa de empleo del Instituto para la Transición Justa.
El concurso también valorará la presencia femenina entre los nuevos empleos. Los proyectos podrán obtener hasta cinco puntos en función del porcentaje de puestos de trabajo comprometidos para mujeres, alcanzándose la máxima puntuación cuando este porcentaje llegue al 50%.
La formación y recualificación de los residentes de los municipios incluidos en la zona de transición justa tendrá un peso adicional de ocho puntos. Se valorará tanto el número de horas de formación comprometidas como el número de personas que participen en ellas. La formación deberá estar dirigida a residentes de los municipios incluidos en el ámbito del concurso y tener carácter profesional.
Otro de los requisitos que podrán mejorar la puntuación de las propuestas será el desarrollo de instalaciones de autoconsumo para ciudadanos, empresas y administraciones de la zona. Este apartado tendrá un máximo de 11 puntos, repartidos entre la potencia de autoconsumo que se comprometa a instalar y el número de consumidores que se beneficien de ella.
El borrador incorpora además mecanismos para tratar de garantizar que parte del impacto económico de los nuevos proyectos permanezca en el territorio. Las inversiones en bienes y servicios contratados a empresas y autónomos con domicilio fiscal en A Coruña y Lugo podrán aportar hasta seis puntos.
A esta valoración se sumarán otros dos puntos por financiación participativa. Los adjudicatarios tendrán que ofrecer este mecanismo a través de proveedores de servicios de financiación participativa registrados ante la CNMV. Durante los dos primeros años, la oferta estará dirigida prioritariamente a residentes, empresas y administraciones de los municipios incluidos en la zona de transición justa. Si no se agota el importe reservado, podrá extenderse posteriormente al conjunto de las provincias de A Coruña y Lugo.
Renovables y almacenamiento
La convocatoria permitirá presentar instalaciones formadas por módulos de generación renovable y sistemas de almacenamiento que inyecten electricidad a la red, así como proyectos de hibridación de tecnologías. Las instalaciones de generación deberán utilizar fuentes de energía primaria renovable.
Las características tecnológicas de las propuestas tendrán un peso máximo de 20 puntos. El concurso valorará aspectos relacionados con la tecnología de generación y con las capacidades que las instalaciones puedan aportar al sistema eléctrico.
El Gobierno también quiere evitar que la capacidad se adjudique a proyectos que se encuentren todavía en una fase incipiente. Por ello, los promotores tendrán que presentar los anteproyectos de las instalaciones, incluidas las infraestructuras de transformación y evacuación, y acreditar el grado de madurez de sus iniciativas.
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Este apartado aportará hasta seis puntos y tendrá en cuenta, entre otros elementos, la disponibilidad de los terrenos mediante propiedad, acuerdos, preacuerdos o concesiones de uso. También se valorará que los promotores hayan presentado el estudio de impacto ambiental y un estudio de avifauna y quirópteros correspondiente a un ciclo anual completo.
El impacto ambiental aportará hasta otros diez puntos. Entre los aspectos contemplados figura la compatibilidad de determinadas instalaciones con los planes hidrológicos de las demarcaciones correspondientes y la ubicación de los proyectos respecto al mapa de zonificación ambiental para la implantación de energías renovables elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Los proyectos deberán ubicarse en la zona de transición justa
Las instalaciones deberán situarse en los municipios incluidos en la zona de transición justa de As Pontes. El borrador permite que hasta un 20% de la superficie ocupada por el conjunto de las instalaciones pueda localizarse en municipios limítrofes de las provincias de A Coruña y Lugo.
La convocatoria afecta a los municipios incluidos en el ámbito de transición justa de As Pontes, entre ellos As Pontes de García Rodríguez, Cabanas, A Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira, San Sadurniño y As Somozas, en A Coruña, y Muras, Vilalba y Xermade, en Lugo.
El borrador establece asimismo que los compromisos socioeconómicos deberán ser adicionales a actuaciones ya existentes. No se tendrán en cuenta para la valoración los empleos creados con anterioridad a la presentación de la solicitud ni las actuaciones vinculadas al desmantelamiento de la central térmica.
Los promotores dispondrán de dos meses desde el día siguiente a la entrada en vigor de la orden para presentar sus solicitudes. La documentación deberá recoger, además de la información administrativa, técnica y económica, los compromisos de empleo, formación, autoconsumo, inversión, financiación participativa y los aspectos ambientales de cada proyecto.
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Las propuestas serán analizadas por un comité técnico en el que estarán representados el Instituto para la Transición Justa, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Xunta de Galicia y la Federación Española de Municipios y Provincias. Red Eléctrica participará en la valoración de los aspectos técnicos relacionados con las instalaciones y la capacidad de acceso.
Los adjudicatarios deberán solicitar los permisos de acceso y conexión en un plazo máximo de seis meses desde la notificación de su adjudicación y cumplir posteriormente los hitos administrativos establecidos en la normativa eléctrica. Además, tendrán que constituir una garantía definitiva de 80 euros por kW instalado, independiente de la garantía exigida para la tramitación de los permisos de acceso y conexión.
La orden establece también que las propuestas que obtengan cero puntos en cualquiera de los cuatro grandes bloques de valoración no podrán recibir capacidad. Del mismo modo, será necesario presentar compromisos en los cuatro ámbitos que integran el bloque de impacto socioeconómico. La capacidad se adjudicará siguiendo el orden de puntuación hasta alcanzar los 600 MW disponibles.